En cualquier manual elemental de economía se explica que la producción necesita, para crecer, de un ciclo de capital que cierre adecuadamente. El productor siembra, cosecha, vende, cobra y reinvierte. Sin embargo, esta cadena se ha convertido en una quimera para muchos agricultores, debido a un mal que persiste a pesar de los análisis y reclamos: los impagos por parte de las empresas estatales.
Un productor entrega su leche, su carne o sus viandas a la empresa cuyo objeto social es comprar, comercializar y pagar.
No obstante, el campesino firma su boleta, recibe un compromiso de pago y espera… 30, 60, 90 días, a veces más. Mientras tanto, los insumos para seguir produciendo (pienso, fertilizantes, jornales y un largo etcétera) se pagan al contado, en efectivo y, en muchas ocasiones, en dólares.
Esta asimetría, sumada a la escasez de combustibles y electricidad, es la responsable de gran parte de las frustraciones en la agricultura. Estas entidades actúan como un cliente de facto que no cumple sus plazos, pero exige entregas puntuales y cantidades pactadas. El productor, atrapado en esta dicotomía, paga con su propia descapitalización la ineficiencia de la intermediación.
La consecuencia inmediata es la desmotivación más absoluta. ¿Qué estímulo puede tener un campesino para ampliar sus siembras, tecnificarse o, siquiera, mantener el mismo nivel de producción, cuando sabe que cada peso que genera se convierte en un papel sin fecha de cobro?
Tal dinámica genera el primer eslabón del círculo vicioso: menos cobro lleva a menos capacidad de compra de insumos. Al no poder comprar pienso, la masa ganadera disminuye su rendimiento lechero. Al no poder comprar fertilizantes, las tierras dejan de fumigarse o ararse a tiempo. Al no poder pagar jornaleros, se pierde la cosecha. El impago provoca la baja productividad que luego se critica.
El segundo eslabón es el desvío de la producción hacia cauces no formales. Cuando el canal establecido no cumple su parte del trato, el productor busca alternativas para sobrevivir. Los productos se desvían hacia los mercados agropecuarios en su modalidad de oferta y demanda, o hacia el “mercado negro”; no siempre por afán de lucro desmedido, sino por la necesidad imperiosa de liquidez para seguir subsistiendo.
Paradójicamente, esta fuga de la producción estatal encarece los alimentos para la población. Lo que debía llegar a las placitas y bodegas a precios asequibles se desvía hacia canales donde el precio lo fija la escasez y la intermediación. Es un proceso que termina encareciendo la comida que nuestro pueblo necesita, perdiendo además el control sobre los precios.
Los intentos de descentralización y las nuevas formas de gestión, como las micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias, chocan de frente con este muro. Aunque han demostrado ser más eficientes, dependen de la materia prima que solo puede generar el campo. Si el productor primario se descapitaliza, toda la cadena, incluyendo las nuevas formas económicas, se resiente.
Mientras no se entienda que el pago puntual es la primera y más importante política de estímulo a la producción, cualquier discurso acerca de soberanía alimentaria será una utopía. No se necesita un gran presupuesto para pagar a tiempo; se necesita voluntad para reordenar las prioridades de pago.
La tierra cubana es fértil y el campesinado tiene probada resiliencia y sabe hacer. El país no puede darse el lujo de seguir perdiendo productores, no por falta de semillas o de lluvia, sino por falta de pago. Cada día que un productor no cobra lo que le deben, se siembra una hectárea menos de futuro.
Por: Humberto Fuentes Rodríguez. Tomado de Periódico Girón
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