Después de gritar, de alardear de sus parientes en esferas de poder, de amenazas, de súbelo a Facebook si te da la gana, la “dependienta” metió la cabeza en el móvil, y dejó allí, a aquella señora, sola en su monólogo de exigencias, en la defensa de su derecho al pago digital.
“Ya recibí los diez mil pesos de hoy. No puedo aceptar más transferencia. Lo siento, son órdenes del dueño”, repetía la vendedora, mientras la clienta insistía en el absurdo de impedirle la transferencia en ese sitio de la calle Milanés, donde “todo es bastante más caro que en otros lugares”, advertía la compradora.
La escena la he presenciado o la he protagonizado yo no sé cuántas veces, lo mismo que cualquier matancero en el rol de consumidor. No hay manera posible, no la hay, de que la bancarización acabe de ser un hecho natural, sin dramas, sin combates, sin frustraciones.
No voy a mencionar aquí las ya memorables artimañas de vendedores, estatales y no, para impedirle a los clientes ese derecho refrendado en normas jurídicas. Tampoco haré referencia a los argumentos esgrimidos por actores privados sobre el hecho de necesitar efectivo para reaprovisionarse, ante la incapacidad del sistema bancario para proveérselo.
En al acto de compra hay algo más preocupante que la imposibilidad misma de acceder a productos o servicios. Se trata del olímpico irrespeto a la legalidad cubana, del desconocimiento de leyes, decretos, resoluciones. Una anarquía total que pone al Estado cubano y sus instituciones en jaque mate. La norma sin control no existe.
Y como todo ello falla, los consumidores pasan de ese privilegio de tener siempre la razón a perderla totalmente en un enfrentamiento desigual contra “comerciantes” ávidos por demostrar superioridad en tiempos donde poco parece importarles lo que significa el acceso a los alimentos, a un par de libras de pollo, de picadillo, de azúcar, de arroz.
Los consumidores están indefensos, solos, ante esa afrenta que significa “no aceptamos transferencia”, cuando un alimento o una medicina deciden la vida de las personas. Y ante esto, no valen acciones esporádicas ni semana de enfrentamientos.
Ahí están, como tácitas evidencias de las violaciones, los mismos vendedores que en ellas incurren, los mismos quioscos, los mismos carretilleros, en los mismos lugares, a la vista pública, como triste evidencia de que lo establecido no funciona o funciona a medias.
Mientras se siga irrespetando la legalidad, solos frente al abuso seguirán los consumidores. Solos y enfermos de ese virus que se llama irrespeto a sus derechos.
En ese casi combate diario entre vendedores y clientes que se vive en la Cuba de hoy, falta un árbitro, esa protección necesaria para que el dinero digital valga lo que el Estado cubano prometió.
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